USANDO A UNA REPRESENTACIÓN DE LA ONU EN MÉXICO, GOBERNADOR DEL PRI BUSCA DESAPARECER TRES COMUNIDADES | Periódico www.Activista.mx

USANDO A UNA REPRESENTACIÓN DE LA ONU EN MÉXICO, GOBERNADOR DEL PRI BUSCA DESAPARECER TRES COMUNIDADES

Ello avalando la polémica construcción de la presa El Zapotillo que servirá para sostener el crecimiento comercial en Jalisco y Guanajuato
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  • Guadalajara, Jal.-  El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), mediante un comunicado nacional, recordó que el Proyecto Presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo León, es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, con la justificación de abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, al Área Metropolitana de Guadalajara y a 14 municipios de los Altos en el estado de Jalisco.

    Explicó que la superficie de inundación de este proyecto se calcula en 4,500 hectáreas, que sepultarían miles de hectáreas de tierras fértiles. Esto traería como consecuencia la pérdida de riqueza ambiental, producción agrícola y, particularmente, la inundación de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico.

    Además, asegura la organización, generaría un estrés de producción y de abastecimiento de alimentos, al dejar sin agua a los productores de los Altos, debido a que en esta región de Jalisco se produce el 88% del huevo y el 22% de la proteína animal producida en México, afectado el tejido social y la economía de la región.

    Puntualiza que las personas afectadas por la construcción de esta presa serían más de 1500 habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Y alrededor de 600 mil personas (agricultores, ganaderos y productores) de la Región de los Altos de Jalisco que se quedarían sin agua para la producción de alimentos, ocasionando impactos drásticos en la economía de la región.

    Comenta que El Zapotillo comenzó a promoverse desde el año 2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción, a cargo de la empresa española FCC Construcción (Fomento de Construcciones y Contratas), junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, empresas mexicanas. En septiembre del 2011, se adjudicó a la empresa española ABENGOA México, la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León, Guanajuato.

    Inicialmente se proyectó que la presa tendría una cortina de 80 metros lo que no implicaba la inundación de las tres comunidades; sin embargo luego se promovió que la cortina se elevara a 105 metros, lo que significaría prácticamente el doble de la superficie inundada y la desaparición de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

    La ONG expone que durante estos 12 años de lucha el Zapotillo se ha caracterizado por una continua y sistemática violación a los derechos humanos. El costo del proyecto ascendió a 20 mil millones 856 mil pesos incrementándose del 2005 a la fecha en 49%. Por otro lado, autoridades han intentado rescatar con fondos públicos a la empresa Española ABENGOA. Desde que se declaró en crisis en 2014, el gobierno de Guanajuato le entregó 100 millones de pesos, el gobierno de Jalisco 604 mdp del fondo de pensiones de los trabajadores, y el gobierno federal dos millones 662 mil pesos.

    Actualmente la presa El Zapotillo se encuentra detenida desde el año 2013, debido a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dictamina que la cortina de la presa El Zapotillo no debe rebasar una altura máxima de 80 metros.

    “Sin embargo, en un intento por continuar la construcción del proyecto el 29 de junio del 2017 el Gobernador priísta de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presentó los resultados del estudio Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente que tuvo un costo de 4.6 millones de dólares, (90 millones de pesos). El Gobernador, apoyado de este estudio, confirmó que la cortina de la presa El Zapotillo se terminará de construir a 105 metros de altura ocasionando con ello la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, denuncia la organización.

    Señala que en su discurso, Aristóteles confirmó que el informe de la UNOPS avaló la decisión sobre la construcción de la presa. “Hoy sabemos que fue acertado acudir a UNOPS, que es el organismo con el mandato de Naciones Unidas para participar en asesorías en temas de infraestructura. Recurrir a UNOPS permite que hoy en mi gobierno tomemos una postura oficial y definitiva con respecto al conflicto de la Cuenca del Río Verde”, afirmó Sandoval Díaz.

    La organización afirma que las comunidades afectadas consideran que el estudio hídrico presentado por la UNOPS-ONU, fue tendencioso ya que solo consideró variables en relación a la presa, y no contempló otras alternativas para el abastecimiento del agua. Propuso cinco escenarios, cuatro que validan la construcción de la presa con una cortina de 105 metros y solo uno consideró la construcción de la cortina de la presa a 80 metros, lo que evitaría que la comunidad de Temacapulín quedara inundada.

    Ante ello, agrega, el Gobernador determinó que su gobierno acatará el escenario número cinco planteado por la UNOPS, que contempla una cortina a 105 metros, con un caudal de 7.5 metros por segundo. El agua que almacene la presa se destinará en la proporción de 76% para Jalisco, 24% para Guanajuato.

    “La UNOPS presentó una opinión deficiente y a modo, -pues el que paga manda-, contrario al respeto de los derechos humanos de todos, que es el verdadero espíritu de las Naciones Unidas. Por eso rechazamos el dictamen de la UNOPS, porque ya estaba tomada la decisión de antemano, tal como lo venimos denunciando desde el momento en que se le contrató a dicha agencia”, asegura la organización que junto con otras representa a los pobladores de las comunidades afectadas.

    Reprocha que ese estudio criminaliza a sus asesores y a su lucha, tiene deficiencias técnicas importantes, pues el modelo se basa en variables de presa, sin tomar en cuenta la viabilidad de la misma, es incompleto, porque no aporta elementos para la gobernanza, ni ayuda a la resolución del conflicto presente en el río Verde, es costoso, pues no aporta mayores datos, es decir, 2 años después viene a decir, lo que ya sabíamos, con otras palabras. “No se han buscado alternativas, todas las variables se refieren a la Presa y no a lo que necesita el río Verde libre”.

    Condena que la opinión de la UNOPS, se ha interpretado como un aval de la ONU a la obra, “y así ha querido usarlo el Gobernador de Jalisco para traicionar su palabra  y esto no es así, hay otros informes y recomendaciones como las emitidas por el Relator de Alimentación, la Relatora de Vivienda, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y recientemente del Relator del Derecho al Agua y al Saneamiento de la ONU, así como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todos han pedido a las autoridades mexicanas, no imponer el proyecto y tomar en cuenta los derechos humanos de las comunidades afectadas”.

    Considera que es inaceptable que el estudio UNOPS y la decisión del gobernador, se presenten nuevamente como una decisión final, resolutiva, definitiva, “aunque esto ya lo hemos vivido en otros momentos del conflicto, lo que sorprende es que usen a organismos de Naciones Unidas, para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado y suspendido por infinidad de irregularidades legales”.

    “Es por ello que no aceptamos tampoco la intervención del comando especial que dice que va a enviar el Gobernador de Jalisco a Temacapulín, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) porque su actuar ha dejado mucho que desear, estando a estas alturas al servicio del gobierno en turno, con un grave descrédito ante la opinión pública”, advierte la organización.

    “Que el gobierno de Jalisco, Guanajuato y la federación no engañen más a la sociedad. El agua es para las empresas, para la agroindustria y los desarrollos industriales-automotrices del bajío en Guanajuato y para las constructoras que promueven el desarrollo desenfrenado del Área Metropolitana de Guadalajara. El beneficio es para las minorías, es decir los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías que como nosotros trabajos todos los días por el cuidado y el control social del agua”, puntualiza. En este contexto exigimos:

    Ante estos hechos, la organización exige a los Diputados y Diputadas federales y estatales lo siguiente:

    -No se autoricen los presupuestos para la ilegal presa El Zapotillo y por el contrario inicien políticas públicas, programas y proyecto para la gestión integral del agua.

    -Se garantice el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el cumplimiento cabal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces federales.

    -No se valide ningún nuevo convenio de distribución del agua y de continuación de la presa a 105 metros.

    En tanto, a los Presidentes Municipales de los Altos de Jalisco demanda lo siguiente:

    -No aprueben los cambios de uso de suelo para una cortina a 105 metros y para el pase del Acueducto en sus territorios. Los exhortamos a que busquen soluciones sustentables de manejo de agua en sus localidades.

    Asimismo, a las Naciones Unidas pide lo siguiente:

    -Revisen el comportamiento y el trabajo desarrollado por la UNOPS y ONU Medio Ambiente en Jalisco y verifiquen las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la realización del estudio. Es alarmante que respondan a intereses absolutamente contrarios al respeto de los derechos humanos.

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